NO DEBERÍA DISCUTIRSE SÓLO EL SALARIO MÍNIMO

Por Claudio Lozano
28.07.2008
Frente a la convocatoria del Consejo del Salario corresponde efectuar las siguientes precisiones: a) De acuerdo con la ley que lo constituye, el Consejo debiera funcionar de manera permanente, organizado en cuatro comisiones, produciendo información, análisis y políticas en el marco de una representación tripartita (empresarios, trabajadores y Estado). Entre sus obligaciones se incluye la tarea de elaborar un indicador (que no existe) que refleje las necesidades de un trabajador sin carga de familia con el objeto de tener una referencia objetiva en relación con la cual establecer, periódicamente, la fijación del salario mínimo. b) Sin embargo, en la práctica, y por decisión oficial, las comisiones no funcionan y el Consejo ha terminado siendo una simple convocatoria anual (transformada en rueda de prensa) que fija un valor salarial cuya decisión ni siquiera es el resultado del debate adecuado en el propio Consejo. Al mismo tiempo, esta suerte de funcionamiento epasmódico del Consejo ha impedido que se elabore el indicador objetivo de salario mínimo. Bueno es recordar que desde la primera convocatoria la CTA reclamó la elaboración de ese indicador y que, para ello, se citó al propio INDEC a efectos de encarar la tarea. Corresponde puntualizar entonces que, por decisión oficial, carecemos todavía del indicador objetivo sobre salario mínimo que deberíamos tener. c) En ausencia del citado indicador la cuestión es qué referencia utilizar. De más está decir que el simple ajuste por inflación puede resolver la cuestión del poder adquisitivo perdido pero no el tema del salario mínimo necesario para la Argentina actual. En dirección a dicho objetivo, desde la CTA hemos planteado poner como punto de referencia el valor de la canasta familiar para una familia tipo de la región metropolitana, según la Encuesta Permanente de Hogares, ajustada por precios. Dado este valor, la aplicación de relaciones históricas normales permite establecer que el salario promedio debiera ser por lo menos el 80% de dicha canasta, en tanto el salario mínimo debiera ser el 60% de dicho salario promedio. Planteado este criterio, nuestros números nos dicen que a junio de 2008 la canasta familiar se ubica en $3.275,y, por lo tanto, el salario promedio debiera ubicarse en $2.620 y el salario mínimo en $ 1.572. Hacia esta cifra debiera dirigirse la decisión a tomar. d) Otra cuestión a señalar, que también fue planteada en su momento por la CTA, es la evidente dificultad que tiene hoy el salario mínimo para cumplir el papel que históricamente se le asignara: fijar el piso mínimo de ingresos para cualquier trabajador. Es fácil de entender que en una sociedad donde el 60% de la fuerza laboral no forma parte del mundo formal, casi la mitad de los trabajadores cobren por debajo del mínimo. Cuestión ésta que obliga a asumir la necesidad de discutir no sólo salario mínimo sino también políticas públicas de transferencia de ingresos que garanticen un piso de ingresos al conjunto de los hogares. En este marco se inscriben nuestras demandas históricas de un seguro de empleo y formación para el jefe de hogar desocupado, de la asignación universal por hijo, de la jubilación universal, etc. Instrumentos que en su combinación debieran garantizar que ningún hogar tuviera ingresos inferiores a la línea de pobreza.De lo contrario, nuestro mercado laboral sigue funcionando sin piso y transforma en quimera la perspectiva de una distribución más justa de los ingresos. e) Resultan inaceptables los planteos del empresariado más concentrado que vuelve a asustar con la inflación frente a la discusión salarial, así como la postura públicamente planteada de diferenciar regionalmente el salario mínimo. La primera, porque es evidente que la inflación va por delante de la fijación de los salarios y porque, además, con un PBI que es un 36% más alto que el de 2001, si el reparto de la renta sigue indicando que los trabajadores se apropian aun menos que en aquel momento quiere decir que hay margen y necesidad de avanzar en nuevos incrementos. La segunda, porque no es en la vida de los trabajadores donde hay que hacer la diferencia. Para eso existe el resto de los instrumentos de la política económica que son los que permiten por vía comercial, tecnológica, financiera, fiscal, etc., establecer tratamientos específicos para las unidades económicas de menor tamaño y para las distintas regiones del país.*Diputado Nacional. Mesa Nacional de la CTA